Un año más de una fecha significativa que dura un sólo día, pero que debería de extenderse a lo largo de todos los días del año: la eliminación de la violencia contra la mujer.
Lo rescatable de asignar fechas a determinado acontecimiento, es que al menos, tenemos la oportunidad de reflexionar, sensibilizarnos y, deseablemente, comprometernos en ser parte de la solución de las problemáticas sobre las cuales se quiere llamar la atención, en este caso, la preocupante y lacerante violencia estructural que se ejerce sobre la mujer prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad.
La situación de la mujer en México definitivamente deja mucho que desear. Sólo habría que revisar algunos indicadores de salud, empleo, ingresos, seguridad y, en términos generales, de acceso a bienes, servicios y oportunidades, para ver las grandes desigualdades y condiciones de desventaja de las mujeres respecto a las de los hombres.
De acuerdo a nuestra Constitución Política, el Estado debe de garantizar el bienestar de toda la población. De todas y todos los que conformamos el Estado mexicano, el gobierno es el responsable de promover y vigilar este ordenamiento. Pero, ¿realmente está cumpliendo dicha función? Algunos ejemplos nos pueden dar una pauta para contestar esa pregunta:
¿Cómo explicar que una indígena –Ernestina Ascencio- haya muerto, según dos necropsias efectuadas de manera posterior a su muerte, como resultado de lesiones por una violación tumultuaria y agresiones, aparentemente producidas por miembros del ejército mexicano y que, prematuramente, Felipe Calderón haya señalado que había muerto por una “gastritis crónica mal tratada” y posteriormente José Luis Soberanes (ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos) haya afirmado que había sido por una anemia? Y peor aún, que la propia directora del Instituto Nacional de las Mujeres haya también sostenido que no se había podido “entender bien” lo que Ernestina Ascencio había dicho porque sus últimas palabras fueron en su lengua indígena y no en español.
¿Y qué decir de las mujeres indígenas otomíes —Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan— acusadas de haber secuestrado a seis indefensos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)? Dos de ellas pasaron tres años en la cárcel y una aún sigue en prisión, todas ellas sin haber concluido su proceso judicial.
¿Y respecto a una de las situaciones más trágicas del país que son los feminicidios, que si bien los más documentados son los que suceden en Ciudad Juárez, Chihuahua, también ocurren en todo el país? El jueves 19 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno mexicano por los feminicidios ocurridos en dicha ciudad. Tres de los más de cientos de casos registrados de feminicidios dieron origen a esta sentencia en contra del Estado mexicano.
En otros estados de la república y no obstante que casi no se habla al respecto, diversas organizaciones gubernamentales y activistas sociales cada vez denuncian con mayor frecuencia y preocupación que el número de violaciones y asesinatos de mujeres va en aumento de manera dramática sin que las autoridades de cualquier nivel gubernamental hagan algo al respecto. Esta situación toca un cariz aún más preocupante e indignante —si es que aún puede caber un mayor nivel de indignación—, si se toma en cuenta la situación de las mujeres, tanto del sur del país como centroamericanas, que se atreven a atravesar el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo, así como en búsqueda de sus familiares. Según una entrevista realizada el pasado mes de octubre a Dolores Soto Álvarez, integrante del Consejo Directivo de Amnistía Internacional, las mujeres migrantes que pasan por la frontera sur del país, prácticamente ya tienen incorporado que en algún momento del trayecto van a ser violadas bien sea por los propios traficantes de personas, por maras e inclusive por las propias autoridades de migración o miembros de las diferentes policías mexicanas. De hecho, Dolores Soto sostiene que la gran mayoría de estas mujeres inicia, como parte de sus preparativos de viaje, el uso de métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas cuando llegue el momento de la violación.
¿Y qué tal la situación de impunidad que se vive en el caso de Acteal, en donde en diciembre de 1997 fueron asesinadas de una manera totalmente artera 45 personas, en su gran mayoría mujeres, niños y niñas?¿Y qué decir de la falta de castigo a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a sus respectivos cuerpos de represión policiaca, en lo que toca a las agresiones y violaciones sexuales sufridas por no pocas mujeres en los hechos bien conocidos de San Salvador Atenco?
A este sin fin de agresiones ocurridas fuera del ambiente familiar de la mujer, sucede que tampoco al interior de sus hogares existen plenas posibilidades de no ser agredidas. Según datos de la Dirección de Prevención del Delito y de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, se calcula que en el país, cada 15 minutos es agredida una mujer en su entorno familiar y, según un informe de la Comisión Especial de Feminicidio del Congreso de la Unión, cada seis horas es asesinada una niña o una mujer en México. Por su parte, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una de cada tres familias mexicanas se vive violencia familiar y el 50% de las mujeres en el país ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Otros datos relevantes que aporta la ONU son que México ocupa el octavo lugar mundial en homicidios contra las mujeres y el sexto en violaciones a la mujer.
Información periodística publicada el pasado 16 de noviembre de este año (la Jornada, sección Política, p.13), señala que según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante este sexenio — diciembre de 2006 a octubre de 2009— han acontecido 3,726 feminicidios, 93% de los cuales han sido por violencia familiar y el resto por ejecuciones asociadas al narcotráfico y a la trata de personas.
Como puede verse a la luz de estos pocos ejemplos, el Estado mexicano no ha cumplido en absoluto con su obligación de velar por la integridad y el bienestar de todas las mujeres —así como con los diversos grupos sociales en condición de vulnerabilidad en el país. La inmovilidad no será un factor de cambio para modificar esta situación. Informarse, sensibilizarse, concientizarse y además de preocuparse, ocuparse en promover cambios para resolver este problema social, es un buen y urgente inicio para incidir en la necesaria dignificación de la mujer. El postulado de “cero tolerancia” a cualquier tipo de agresión y discriminación debería de ser un ideal que nos ayude en nuestro caminar hacia la construcción de un mundo mejor.
Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez
Investigador del Área Académica de Sociedad, Cultura y Salud
martes, 1 de diciembre de 2009
sábado, 19 de septiembre de 2009
lunes, 22 de junio de 2009
lunes, 25 de mayo de 2009
Influenza
La influencia de la influenza
Héctor Javier Sánchez Pérez, Investigador Titular de ECOSUR.
México está pasando por una crisis sanitaria debido al virus de la influenza A H1N1. Múltiples preguntas, dudas e inquietudes asaltan a la población. Por un lado, nos dice el sector salud a través del secretario del ramo, que la epidemia, al 10 de mayo, ha causado ya la muerte de 48 personas de las 1,626 que han resultado positivas a dicho virus en el país, es decir, el 2.95% de fallecidos entre las y los enfermos, lo que en términos epidemiológicos se conoce como “letalidad”. Por otra parte, resultan inquietantes varios aspectos relacionados con esta epidemia:
1. El retraso en la notificación de los primeros casos y no sólo eso, sino la falta de infraestructura en el país para identificar el virus. Aquí habría que tener en cuenta la tendencia al abandono y la falta de recursos que se tiene tanto del sector salud, como de instituciones de educación superior, incluyendo a la UNAM, las cuales no cuentan con laboratorios especializados para este tipo de emergencias —al menos hasta antes de esta epidemia—. En un país del que sus autoridades alardean que pese a la crisis económica vamos “muy bien” y que su principal prioridad es la población, el que no haya al menos un laboratorio para hacer la identificación del virus en cuestión, deja mucho que desear y desnuda la demagogia del grupo gobernante. Además, la epidemia puso en evidencia el error de desmantelar el Instituto Nacional de Virología; la miopía de la Secretaría de Hacienda, por no haber aportado fondos en su momento para la elaboración de vacunas (véase el caso de Birmex); y, que si supuestamente existe un plan de contingencia sanitaria, éste –al igual que muchos otros planes en el país- únicamente existen en papel y pocas veces se ponen en práctica oportunamente.
2. En Los Pinos, lejos de asumir una actitud autocrítica a partir de la cual se haga una evaluación de cuál es realmente la situación del sector salud en cuanto a su capacidad para prevenir, diagnosticar y controlar este tipo de emergencias –así como de otras enfermedades que causan mucho mayor número de muertes que el virus A H1N1, como la tuberculosis, la desnutrición, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, y otras formas de influenza-, se asume una actitud triunfalista y prácticamente nos brindan la idea de que actuaron de manera más que eficiente, y que deberíamos estarles más que agradecidos tanto en el país como en el ámbito mundial, por su “muy atinada” intervención y por habernos salvado. En este sentido, mal hacen en no reconocer que la letalidad del virus A H1N1 ha sido, afortunadamente, mucho más baja de la esperada: de 2.95% como ya se mencionó anteriormente, cuando ha habido otras epidemias por este tipo de virus que han tenido tasas de letalidad mayores a 30%.
3. Si bien se entiende el temor de las autoridades por tratarse de un virus nuevo del que se desconocen muchas cosas, precisamente por ser de reciente aparición, surge la pregunta ¿por qué no se hace algo para que ya no ocurran tantas muertes en el país por algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas? Por ejemplo, hoy en día debería resultar inaceptable que ocurriera al menos una muerte por tuberculosis, o por cáncer cervicouterino, o alguna muerte materna, o que se nos mueran niños o niñas por diarreas, infecciones respiratorias y un largo etcétera. Sin embargo, muchas, muchísimas personas —sobre todo niños, niñas y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y exclusión económica y social— se siguen muriendo en México por ese tipo de causas y, lo peor del asunto es que no se ve una verdadera voluntad política para aliviar esa situación. Muy seguramente usted, o alguno/a de sus familiares habrá experimentado en los servicios de salud institucionales mala calidad en la atención, falta de medicamentos, tiempos de espera hasta de meses para recibir una rehabilitación o para operarse, o simplemente, para que le practiquen alguna prueba de laboratorio o para que le tomen alguna imagen que requiera el empleo de una tomografía computarizada, por citar solo unos ejemplos.
4. Tampoco se aprecia una voluntad para cambiar las condiciones socioeconómicas que hacen que la población mexicana en su gran mayoría padezca enfermedades consideradas de la pobreza. Más bien, parecemos ir en sentido contrario, las tasas de desempleo son cada vez mayores, los pocos trabajos que se generan cada vez son más mal pagados, son de carácter temporal y sin ningún tipo de prestación social, tales como seguro médico y fondos para jubilación. Las y los trabajadores que sí tienen seguridad social, también ven reducido su poder de compra, ven –y padecen- el deterioro de los servicios de salud que les corresponde y, en un futuro muy próximo, verán aún mucho más reducido su ingreso cuando les toque jubilarse ya que, de acuerdo a las reformas efectuadas a las principales instituciones de seguridad social —IMSS e ISSSTE—, en el mejor de los casos a las y los trabajadores les tocará entre un 25-30% de su salario que tenían en activo. En este sentido, resalta la diferencia de trato que da el gobierno al sector empresarial y al trabajador. Mientras los bancos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales, reciben grandes cantidades de recursos a través de “rescates”, fobaproas y devolución o condonación de impuestos, las y los trabajadores reciben “alzas salariales” anuales de 4-5% —cuando los niveles de inflación son mayores— y ni quien se ocupe de las pérdidas de sus fondos de pensión, y mucho menos de sus condiciones de trabajo, tal como lo pueden constatar los mineros y los trabajadores agrícolas, entre otros sectores. Un pueblo, mientras más condiciones desfavorables de vida tenga, más vulnerable será a las enfermedades de carácter infecto-contagioso, como es el caso del virus A H1N1. ¿Qué está haciendo y que hará el gobierno en un futuro cercano para disminuir dicha condición de vulnerabilidad? Con anuncios y propaganda a granel del “Seguro Popular” y de las clínicas del “Preven-IMSS", es seguro que no cambiarán las cosas.
5. El manejo de la información sobre la magnitud y distribución de esta epidemia ha sido más que errónea, sobre todo en los primeros días de la epidemia. ¿Por qué no hubo una caracterización de las y los pacientes que murieron por el virus, sino hasta el viernes 8 de mayo, fecha en que se dieron a conocer tan sólo algunas características de los mismos? Fue muy extraño que los primeros días el mismo número de muertes "confirmadas" —como lo señalaba el propio Dr. Córdoba— por el virus era de 20. Conforme pasaban los días, el número de muertos iba en aumento, hasta llegar a alrededor de 160, pero el número de muertos por este virus “confirmado” seguía siendo de 20, hasta que, en esos días —29 de abril—, disminuyó a siete y, según los últimos informes hoy van 44.
6. ¿Se tienen o no se tienen medicamentos suficientes en el país? Por un lado, Felipe Calderón dice que tiene buenas noticias y que hay medicamentos suficientes para hacer frente a la epidemia y, por otro, Agustín Carstens anuncia que los nuevos créditos otorgados a México, son precisamente para comprar medicamentos. Si es que sí teníamos los antivirales necesarios, ¿entonces para que fue realmente el crédito que el Secretario de Hacienda anunció que iba a ser para la compra de medicamentos?
7. ¿Por qué si en el mundo ya hay 4,694 casos confirmados al 10 de mayo –incluyendo los 1,204 detectados en México—, prácticamente la totalidad de las muertes por este virus ocurren aquí en México —48 de los 53 registrados en todo el mundo en total al 10 de mayo—? El Secretario de Salud mencionó que las y los pacientes llegaban tardíamente. ¿Será? ¿Tardíamente los primeros casos, pero los de días posteriores, con esta "psicosis" que ocasionó que la gente saturara los servicios médicos ante la aparición de los síntomas tan ampliamente difundidos por los medios de comunicación? Por ejemplo, en los últimos días de abril, los servicios médicos del Distrito Federal hablaban de más de 9 mil consultas de pacientes que llegaban con síntomas respiratorios. Entonces, es válido preguntarse, ¿muerte por retraso en la búsqueda de atención o por mala calidad de la atención, incluyendo retrasos, pero en el diagnóstico y atención médica?
Ojalá y la influenza deje una influencia pero no de muertes, ni de aislamiento físico ni social de unos con otros/as, ni nos haga perder la solidaridad —en su más genuino sentido— y tampoco nos haga vernos con desconfianza como potenciales contagiadores/as de unos a otros/as y tampoco nos conduzca a la inmovilidad. Si bien hay que seguirse cuidando con algunas medidas sanitarias recomendadas —sobre todo el lavado de manos, el evitar ir a lugares concurridos y que las personas con síntomas respiratorios usen cubrebocas y se atiendan en los servicios de salud—, esta epidemia debería servirnos para organizarnos como sociedad para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud que todas y todos nosotros tenemos, así como impulsar cambios reales que posibiliten que la mayoría de la población y no sólo unos cuantos, tengan un buen nivel y calidad de vida
Héctor Javier Sánchez Pérez, Investigador Titular de ECOSUR.
México está pasando por una crisis sanitaria debido al virus de la influenza A H1N1. Múltiples preguntas, dudas e inquietudes asaltan a la población. Por un lado, nos dice el sector salud a través del secretario del ramo, que la epidemia, al 10 de mayo, ha causado ya la muerte de 48 personas de las 1,626 que han resultado positivas a dicho virus en el país, es decir, el 2.95% de fallecidos entre las y los enfermos, lo que en términos epidemiológicos se conoce como “letalidad”. Por otra parte, resultan inquietantes varios aspectos relacionados con esta epidemia:
1. El retraso en la notificación de los primeros casos y no sólo eso, sino la falta de infraestructura en el país para identificar el virus. Aquí habría que tener en cuenta la tendencia al abandono y la falta de recursos que se tiene tanto del sector salud, como de instituciones de educación superior, incluyendo a la UNAM, las cuales no cuentan con laboratorios especializados para este tipo de emergencias —al menos hasta antes de esta epidemia—. En un país del que sus autoridades alardean que pese a la crisis económica vamos “muy bien” y que su principal prioridad es la población, el que no haya al menos un laboratorio para hacer la identificación del virus en cuestión, deja mucho que desear y desnuda la demagogia del grupo gobernante. Además, la epidemia puso en evidencia el error de desmantelar el Instituto Nacional de Virología; la miopía de la Secretaría de Hacienda, por no haber aportado fondos en su momento para la elaboración de vacunas (véase el caso de Birmex); y, que si supuestamente existe un plan de contingencia sanitaria, éste –al igual que muchos otros planes en el país- únicamente existen en papel y pocas veces se ponen en práctica oportunamente.
2. En Los Pinos, lejos de asumir una actitud autocrítica a partir de la cual se haga una evaluación de cuál es realmente la situación del sector salud en cuanto a su capacidad para prevenir, diagnosticar y controlar este tipo de emergencias –así como de otras enfermedades que causan mucho mayor número de muertes que el virus A H1N1, como la tuberculosis, la desnutrición, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, y otras formas de influenza-, se asume una actitud triunfalista y prácticamente nos brindan la idea de que actuaron de manera más que eficiente, y que deberíamos estarles más que agradecidos tanto en el país como en el ámbito mundial, por su “muy atinada” intervención y por habernos salvado. En este sentido, mal hacen en no reconocer que la letalidad del virus A H1N1 ha sido, afortunadamente, mucho más baja de la esperada: de 2.95% como ya se mencionó anteriormente, cuando ha habido otras epidemias por este tipo de virus que han tenido tasas de letalidad mayores a 30%.
3. Si bien se entiende el temor de las autoridades por tratarse de un virus nuevo del que se desconocen muchas cosas, precisamente por ser de reciente aparición, surge la pregunta ¿por qué no se hace algo para que ya no ocurran tantas muertes en el país por algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas? Por ejemplo, hoy en día debería resultar inaceptable que ocurriera al menos una muerte por tuberculosis, o por cáncer cervicouterino, o alguna muerte materna, o que se nos mueran niños o niñas por diarreas, infecciones respiratorias y un largo etcétera. Sin embargo, muchas, muchísimas personas —sobre todo niños, niñas y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y exclusión económica y social— se siguen muriendo en México por ese tipo de causas y, lo peor del asunto es que no se ve una verdadera voluntad política para aliviar esa situación. Muy seguramente usted, o alguno/a de sus familiares habrá experimentado en los servicios de salud institucionales mala calidad en la atención, falta de medicamentos, tiempos de espera hasta de meses para recibir una rehabilitación o para operarse, o simplemente, para que le practiquen alguna prueba de laboratorio o para que le tomen alguna imagen que requiera el empleo de una tomografía computarizada, por citar solo unos ejemplos.
4. Tampoco se aprecia una voluntad para cambiar las condiciones socioeconómicas que hacen que la población mexicana en su gran mayoría padezca enfermedades consideradas de la pobreza. Más bien, parecemos ir en sentido contrario, las tasas de desempleo son cada vez mayores, los pocos trabajos que se generan cada vez son más mal pagados, son de carácter temporal y sin ningún tipo de prestación social, tales como seguro médico y fondos para jubilación. Las y los trabajadores que sí tienen seguridad social, también ven reducido su poder de compra, ven –y padecen- el deterioro de los servicios de salud que les corresponde y, en un futuro muy próximo, verán aún mucho más reducido su ingreso cuando les toque jubilarse ya que, de acuerdo a las reformas efectuadas a las principales instituciones de seguridad social —IMSS e ISSSTE—, en el mejor de los casos a las y los trabajadores les tocará entre un 25-30% de su salario que tenían en activo. En este sentido, resalta la diferencia de trato que da el gobierno al sector empresarial y al trabajador. Mientras los bancos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales, reciben grandes cantidades de recursos a través de “rescates”, fobaproas y devolución o condonación de impuestos, las y los trabajadores reciben “alzas salariales” anuales de 4-5% —cuando los niveles de inflación son mayores— y ni quien se ocupe de las pérdidas de sus fondos de pensión, y mucho menos de sus condiciones de trabajo, tal como lo pueden constatar los mineros y los trabajadores agrícolas, entre otros sectores. Un pueblo, mientras más condiciones desfavorables de vida tenga, más vulnerable será a las enfermedades de carácter infecto-contagioso, como es el caso del virus A H1N1. ¿Qué está haciendo y que hará el gobierno en un futuro cercano para disminuir dicha condición de vulnerabilidad? Con anuncios y propaganda a granel del “Seguro Popular” y de las clínicas del “Preven-IMSS", es seguro que no cambiarán las cosas.
5. El manejo de la información sobre la magnitud y distribución de esta epidemia ha sido más que errónea, sobre todo en los primeros días de la epidemia. ¿Por qué no hubo una caracterización de las y los pacientes que murieron por el virus, sino hasta el viernes 8 de mayo, fecha en que se dieron a conocer tan sólo algunas características de los mismos? Fue muy extraño que los primeros días el mismo número de muertes "confirmadas" —como lo señalaba el propio Dr. Córdoba— por el virus era de 20. Conforme pasaban los días, el número de muertos iba en aumento, hasta llegar a alrededor de 160, pero el número de muertos por este virus “confirmado” seguía siendo de 20, hasta que, en esos días —29 de abril—, disminuyó a siete y, según los últimos informes hoy van 44.
6. ¿Se tienen o no se tienen medicamentos suficientes en el país? Por un lado, Felipe Calderón dice que tiene buenas noticias y que hay medicamentos suficientes para hacer frente a la epidemia y, por otro, Agustín Carstens anuncia que los nuevos créditos otorgados a México, son precisamente para comprar medicamentos. Si es que sí teníamos los antivirales necesarios, ¿entonces para que fue realmente el crédito que el Secretario de Hacienda anunció que iba a ser para la compra de medicamentos?
7. ¿Por qué si en el mundo ya hay 4,694 casos confirmados al 10 de mayo –incluyendo los 1,204 detectados en México—, prácticamente la totalidad de las muertes por este virus ocurren aquí en México —48 de los 53 registrados en todo el mundo en total al 10 de mayo—? El Secretario de Salud mencionó que las y los pacientes llegaban tardíamente. ¿Será? ¿Tardíamente los primeros casos, pero los de días posteriores, con esta "psicosis" que ocasionó que la gente saturara los servicios médicos ante la aparición de los síntomas tan ampliamente difundidos por los medios de comunicación? Por ejemplo, en los últimos días de abril, los servicios médicos del Distrito Federal hablaban de más de 9 mil consultas de pacientes que llegaban con síntomas respiratorios. Entonces, es válido preguntarse, ¿muerte por retraso en la búsqueda de atención o por mala calidad de la atención, incluyendo retrasos, pero en el diagnóstico y atención médica?
Ojalá y la influenza deje una influencia pero no de muertes, ni de aislamiento físico ni social de unos con otros/as, ni nos haga perder la solidaridad —en su más genuino sentido— y tampoco nos haga vernos con desconfianza como potenciales contagiadores/as de unos a otros/as y tampoco nos conduzca a la inmovilidad. Si bien hay que seguirse cuidando con algunas medidas sanitarias recomendadas —sobre todo el lavado de manos, el evitar ir a lugares concurridos y que las personas con síntomas respiratorios usen cubrebocas y se atiendan en los servicios de salud—, esta epidemia debería servirnos para organizarnos como sociedad para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud que todas y todos nosotros tenemos, así como impulsar cambios reales que posibiliten que la mayoría de la población y no sólo unos cuantos, tengan un buen nivel y calidad de vida
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
