El deplorable estado de la niñez en México: algunas consideraciones

Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez*
Viernes, 30 de Abril de 2010 11:12

Foto: Marco Girón


¿Qué pudiéramos decirles con orgullo a las y los niños acerca de su situación en el país? Poca cosa, por no decir, prácticamente nada. Por un lado, sólo discursos y mentiras de que si el Estado vela por su bienestar, que si ellos/as son el futuro de la nación, que si son la esperanza del país y muchas más declaraciones demagógicas de las que ya nos han saturado por mucho, durante décadas.

Por otro lado, está la desafortunada situación que actualmente vivimos en el país, en el que no sólo no se hace algo por las y los niños, sino que a veces parecería que se hacen cosas en contra de ellas y ellos, ya sea por acción o por omisión. Ahí van algunos ejemplos:

De guarderías y estancias infantiles. Dos indignantes ejemplos de negligencia y perversidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con tal de ahorrarle pesos a la institución, sus autoridades, aumentaron el número de guarderías subrogadas a particulares de 757 a 1374 (es decir, 68%), en tanto que las que funcionaban bajo operación del IMSS siguieron siendo, en el año 2006, las mismas 142 que había en el año 2000. Ello a pesar de que en las guarderías subrogadas hay quejas por la calidad de la atención que en ellas se brinda, tales como maltrato infantil, desigual calificación y frecuente rotación del personal, ausencia de médicos, mala alimentación e irregularidades administrativas. Por ejemplo, un reciente informe elaborado por ministros de la Suprema Corte, señalan que sólo el 0.3% de más de un mil guarderías subrogadas operaba de manera regular.

En 2003 el IMSS disminuyó la cuota que se pagaba a las guarderías por niño/a, lo que se tradujo en una tendencia en éstas a tener menos trabajadores, a abaratar el tipo —y la calidad— de los alimentos que proporciona a las y los niños, y a reducir el horario de servicio. Esta disminución de cuotas se refleja en que, mientras el costo por niño en una guardería operada por el IMSS es en promedio de 4 000 pesos, en las guarderías subrogadas es de 2 548, lo que perfectamente puede traducirse en inequidades en la atención en las y los niños, según el tipo de guardería en que se encuentren. Además, el IMSS paga por anticipado el 65% de la cuota establecida y el restante 35% lo da en función de si el/la niño/a asiste todos los días hábiles del mes a la guardería, y en caso de no ser así le es descontado de manera proporcional a la guardería.

En 2005, además de la reducción de las cuotas impuestas en 2003, a las guarderías se les asignaron más cargas administrativas, que van desde la elaboración de historias clínicas —incluyendo exámenes médicos a las y los niños—, hasta el control escolar computarizado —con su respectiva compra de equipo—, el cual debe de ser llevado de acuerdo a lo establecido tanto por el IMSS como por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El actual modelo del IMSS de contratar guarderías mediante licitaciones pone en riesgo a los niños debido a que, en aras de bajar costos y ganar un contrato, los dueños o representantes de guarderías disminuyen la calidad de sus servicios en este tipo de establecimientos. Las guarderías “bien administradas” pueden tener utilidades hasta de 36% anual.

El 5 de junio de 2009 ocurrió el incendio en la guardería subrogada ABC, en Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niños/as, dejó varios niñas y niños quemados —algunos de ellos/as con marcas corporales de suma gravedad para toda su vida—, padres y madres desesperanzados, deprimidos y con alteraciones psicoemocionales —algunos llegaron al suicidio—, hermanos y hermanas afectadas, así como menores de edad que eran vecinos a la guardería, afectados psicológicamente por la situación vivida, entre otras consecuencias.

Hasta el día de hoy, los responsables del IMSS siguen sin proceso alguno —Molinar Horcasitas sigue como secretario de Comunicaciones y Transportes—, el “presidente” Calderón no ha recibido a los padres de los niños muertos, y las y los dueños de la guardería han obtenido amparos para no enfrentar la justicia, tal como se debiera. No está por demás recordar que esta guardería operaba en lo que era una nave industrial que tres años antes había sido una maquiladora de ropa; no tenía salidas de emergencia ni contaba con extinguidores y, el día de la tragedia no tenía el personal suficiente en términos de cantidad y capacitación. El día del siniestro apenas había 14 de los 40 trabajadores/as en la guardería.

En el caso del ISSSTE, también valdría la pena hacer una evaluación acerca de las condiciones en que funciona su esquema de subrogación de guarderías antes de que suceda otra tragedia. Baste señalar, a manera de ejemplo, que el anterior director general, Miguel Angel Yunes, dio por adjudicación directa en 2007 a Olga Irene Reynoso —hermana del gobernador panista de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat—, la concesión de una estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil que el ISSSTE subroga en dicho estado.

Por otra parte, el 11 de enero de 2007, Calderón anunció el arranque del “Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. Son muchos más los peligros que los beneficios que ofrece este programa. Entre los aspectos positivos, se puede citar que las mujeres con bajos ingresos económicos ya tienen donde dejar a sus hijos/as mientras trabajan, y que otras mujeres —y familias—, al ser cuidadores de niños/as tienen la posibilidad de obtener ingresos —según el número de menores que cuiden— y de mejorar el espacio físico donde viven —eso sí, con “mejoras” encaminadas a las necesidades del cuidado de las y los niños que atienden y no necesariamente a sus propias necesidades—.

Entre los aspectos negativos, destaca que: son espacios improvisados en casas de mujeres desempleadas; no hay garantía de que si en un hogar determinado hay violencia familiar, el/la niño/a no la sufra, e inclusive, tampoco hay mecanismos para evitar con certeza abusos sexuales y otro tipo de maltratos físicos y psicológicos en contra de las y los menores; no cuentan con personal especializado, y el que hay no está suficientemente capacitado, con lo cual, los “cuidados” que reciben las y los niños no son en lo absoluto los adecuados para estimular adecuadamente su desarrollo físico, mental y cognitivo. Obviamente, en este tipo de establecimientos, además de que también se han producido muertes de menores y otras afectaciones a su salud, se mantiene a las y los niños en situación de vulnerabilidad debido a que no contribuyen a romper el círculo de su condición de pobreza (Gustavo Leal: “Guarderías”, 2009:32-35).

Felipe Calderón, para evitar el cumplimiento de la NOM-167-SSA1-1997 que regula el funcionamiento de las guarderías, habla de “estancias infantiles”, con lo cual en dicho tipo de establecimientos ya no es necesario cumplir los requerimientos mínimos que se estipulan para la operación de las guarderías. Así, en vez de mejorar las condiciones en que se tienen a las y los niños, se evade la responsabilidad y únicamente se limita a buscar el “cuidado” de las y los menores de edad. Tal como apunta Gustavo Leal en su libro “Guarderías” (p.32), resulta aun más grave observar que gran parte de los recursos con que opera el programa de Calderón de estancias infantiles —en 2009 su presupuesto fue de 2,500 millones de pesos—, ha sido a costa de la afectación o desaparición de otros 23 programas destinados a mujeres en salud, educación, desarrollo social, justicia y prevención de la violencia.

Por todo lo anterior, es urgente que ya no haya impunidad, que se evalúe y se reestructure el sistema de guarderías en el país y que también se eleven los estándares de calidad en las “estancias infantiles” para reducir el riesgo al mínimo posible de tragedias como la de la guardería ABC, pero también de otras ocurridas en otras partes del país, de menor dimensión, pero no por ello, menos importantes de considerar.

Otros temas como el número de muertes de niños y niñas ocasionados en la “guerra contra el narco”, el impacto psicoemocional que les ha generado esta “guerra”, la situación de acceso a estudios y empleos que enfrentarán cuando sean mayores y su estado nutricional —desnutridos con baja estatura y peso para su edad, o bien obesos y propensos a la diabetes y otras enfermedades relacionadas a la nutrición—, entre otros muchos pendientes, merecen también toda nuestra atención, pero por falta de espacio, lo dejo para una siguiente colaboración.

*Investigador Titular de la Unidad San Cristóbal

Cartón de Hernández censurado en la Jornada

El Monero Hernández comentó en twitter:


"Ayer (24 DE MARZO) circuló como un tuit. Se convirtió en cartón y en La Jornada les pareció muy fuerte para publicarlo: http://tinyurl.com/yaxarhv

"A los que me preguntan si pueden rolar el cartón, por supuesto, para eso es, para difundirlo lo más que se pueda

"Yo hago mi trabajo que son los cartones y el diario hace el suyo que es aplicar un criterio editorial. No hay razones oscuras.

Vicente Nario

Tuberculosis pulmonar y derechos humanos en Chiapas

Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez
Miércoles, 24 de Marzo de 2010 11:08

Algún autor famoso mencionó que una manera de valorar a una sociedad determinada era a través de la forma en que dicha sociedad trata a sus niños. Con la tuberculosis pulmonar (TBP) sucede algo parecido, bien se podría decir, dime cuántas personas se enferman y mueren por esta enfermedad y te diré de qué sociedad se trata.

La TBP es un padecimiento producido por la infección de una bacteria llamada Mycobacteriumm tuberculosis, una persona puede contagiarse por estar en contacto con alguna otra que tenga la enfermedad o por el consumo de leche bronca de vaca enferma de tuberculosis, lo cual ocurre cada vez con menos frecuencia en nuestro medio.

La tuberculosis se clasifica en dos grandes grupos: la pulmonar y la que puede dar en cualquier otra parte del organismo, denominada “extrapulmonar”. De estos dos tipos de tuberculosis, la primera es la responsable de la gran mayoría de contagios entre la población. Una persona enferma con TBP puede contagiar al menos a diez personas al año, a través de la tos, al hablar o al cantar.

Los principales síntomas de la TBP son la tos con flema –expectoración, “esputo” o “gargajo”– por más de dos semanas, la pérdida de peso y fiebre, por lo que cualquier persona que presente estos síntomas bien haría en acudir a un servicio de salud para que le diagnostiquen adecuadamente, y sepa si tiene o no TBP.

La TBP afecta principalmente a las personas de 15 y más años de edad –sobre todo en edad productiva–, pero estas personas pueden contagiar a las y los niños con el agravante de que en la mayoría de ellos la tuberculosis no se desarrollará en los pulmones sino en otra parte del organismo, entre los que se encuentran con mayor frecuencia, la piel, huesos, riñón y una forma muy grave que ataca el sistema nervioso central, la denominada tuberculosis meníngea.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas en el mundo está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, pero no necesariamente todas y todos los infectados desarrollan la enfermedad, sino sólo un relativo pequeño porcentaje. Los que sí llegan a enfermarse son personas que generalmente están en condiciones adversas respecto de los que no se enferman. Por ejemplo, tienen mayores niveles de pobreza y marginación, sufren desnutrición y toda una serie de condiciones que disminuyen sus defensas en el organismo.

De hecho, la TBP es considerada una enfermedad de la pobreza, pero hay otras condiciones que causan que grupos sociales de mejores condiciones socioeconómicas también se enfermen, es el caso de las personas que tienen SIDA o diabetes. Ambos padecimientos tienen la particularidad de bajar las defensas del organismo, por lo que si la persona está infectada, el bacilo de la tuberculosis puede reproducirse más fácilmente que en presencia de adecuadas barreras de defensa de la persona. Debido a dicha situación, se considera que la frecuencia de casos de TBP, que haya en una población, puede considerarse como un indicador de desarrollo socioeconómico.

Hay otros dos puntos importantes que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de TBP: el diagnóstico y el tratamiento. Todas las personas tenemos el derecho constitucional de la atención a la salud, según lo establece el artículo 4o.. Desde hace mucho tiempo ha habido métodos diagnósticos a nuestro alcance para que, en caso de tener tos por más de 15 días, haber perdido peso y haber tenido fiebre podamos saber si tenemos o no TBP. La prueba que más se utiliza es la denominada “baciloscopía”, que consiste en el análisis de laboratorio del “gargajo”, flema o esputo que produce una persona al toser ––sobre todo las que se producen cuando uno despierta en las primeras horas de la mañana––. Lo recomendable es tomar tres diferentes muestras de la persona para hacer el diagnóstico. Otros métodos complementarios son los rayos X, el cultivo de las muestras y el estudio epidemiológico realizado por el personal de salud. En las instituciones públicas de salud –Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE– la baciloscopía es gratuita y no se necesita requisito alguno para que le hagan dicha prueba.

El tratamiento es un punto crucial, dado que el bacilo de la tuberculosis es muy resistente y es capaz de sobrevivir grandes periodos, inclusive décadas, es necesario atacarlo con un tratamiento de seis meses a base de la combinación de cuatro fármacos, si no se toman por este lapso de tiempo se corre el gran peligro de favorecer el desarrollo de bacilos resistentes a los medicamentos utilizados y, en ese caso, las posibilidades de curar a una persona se reducen notablemente por el elevadísimo costo que tiene intentar su curación –lo cual en estos casos ya no es seguro-, porque en vez de seis meses ahora serán necesarios al menos año y medio de tratamiento y porque las reacciones adversas que presenta la persona en tratamiento son mucho más frecuentes, más molestas y más peligrosas.

Desafortunadamente no siempre las personas que padecen TBP terminan su tratamiento de seis meses, lo cual se traduce en su muerte o en el padecimiento prolongado de condiciones de salud cada vez más deficientes –debilidad, poca capacidad física para trabajar y hacer cosas en general, fiebres continuas, mayor desnutrición– y en el contagio a otras personas.

Aunque hay casos en que el abandono del tratamiento se puede atribuir a las y los propios pacientes, en términos generales se considera que la mayoría de los abandonos del tratamiento antituberculosis se debe a errores de los servicios de salud, por cuestiones atribuibles a falta de medicamentos, seguimiento inadecuado del personal de salud y mala calidad en la atención. Debido a esto, la TBP también se ha considerado como un indicador de calidad de la organización y funcionamiento de los servicios de salud. Así, un sistema de salud que esté organizado y funcione adecuadamente tendrá altos niveles de detección de casos de TBP –por ejemplo, arriba del 75% de los casos existentes– y altos niveles de curación en las y los enfermos –al menos 85 de cada 100 enfermos/as–. En Chiapas, desafortunadamente, diversos estudios han documentado que apenas se detecta entre un 30-40% de los casos y que los niveles de curación en los casos tratados no llegan al 50-60% y que, en cambio, hay niveles de mortalidad tan elevados que resultan totalmente inaceptables.

En una reciente investigación en áreas rurales de Chiapas, se encontró que después de cinco años de haber sido diagnosticados un grupo de pacientes, uno de cada cinco de ellos había fallecido. Bien podríamos preguntarnos ?por qué unos sí se mueren y otros no? Una persona que muera por TBP o que adquiera la forma resistente al tratamiento antituberculosis puede considerarse un resumen de indicadores que reflejan una serie de condiciones adversas que haya enfrentado dicha persona y que van desde el que se haya infectado, que haya enfermado –recordemos que aunque estemos infectados por el bacilo de la tuberculosis, no todos enfermamos– y que haya muerto –no todas/os los/las enfermos/as mueren por TBP–.

Así que, a promover cambios socioeconómicos que den mejores niveles de vida a las personas y a mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud. Bien valdría aplicar el lema utilizado en contra de la muerte materna ¡Ni un muerto/a más por tuberculosis!

Día internacional de la mujer: de los grupos incómodos o inexistentes para el Estado

Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez*

Lunes, 08 de Marzo de 2010 13:25

Este 8 de marzo se cumple un año más de esta fecha dedicada a la mujer y bien podemos preguntarnos si ha cambiado la situación de desventaja de la mujer respecto a la del varón. Sobrarían ejemplos para contestar indiscutiblemente que no, que aunque se han hecho algunos cambios las cosas permanecen igual e inclusive, en algunos casos, han empeorado.

Hoy no quiero hablar del engaño, del fraude en el que participaron algunas mujeres que fueron electas en sus respectivos partidos políticos (PAN, PRI, PRD, etc.) y que, una vez cumplido el requisito de una supuesta determinada cuota de género, renunciaron al cargo que la ciudadanía les había hecho el honor de conferir: el de ser diputadas en la actual legislatura. Por una razón u otra que desconocemos, aunque suponemos las causas pero no tenemos las suficientes pruebas para sustentarlo, dejaron sus curules a favor de sus suplentes, curiosamente la gran mayoría de ellos varones y, además, ex empleados de Televisa. Salvo la hija de Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, el resto fueron varones que ahora conforman la llamada “telebancada”, que muy previsiblemente cuidará los intereses de ambas televisoras y no necesariamente los de la población que no votó por ellos, sino por las que fueron hechas a un lado para que ellos pudieran acceder.

Tampoco me quiero referir a las inequidades evidentes que sufren las mujeres de clase socioeconómicamente acomodada, con respecto a sus esposos o a sus parejas dentro de los mismos estratos. Sí, ya sabemos que hay excepciones que rompen la regla, como la “maestra” Elba Esther Gordillo, quien es considerada por algunas personas como la mandamás del habitante de Los Pinos. Ahí está también, alguien diría, Josefina Vázquez Mota, Beatriz Paredes y un relativamente largo de mujeres que han “destacado” y que gozan de una situación privilegiada en diversos ámbitos nacionales como Carmen Aristegui, Dennise Dresser, Soledad Loaeza, Carmen Lira, Dennise Mercker, la golfista Lorena Ochoa y la velocista Ana Gabriela Guevara, entre otras. Inclusive se dice que en el ámbito de las competencias deportivas, es la mujer quien siempre da la cara por las y los mexicanos.

Hoy me quiero centrar en las mujeres a las que el poder finge que no existen o cuando acepta su existencia, más parecería hacerlo con un ánimo de querer borrarlas, de meterlas debajo del tapete o en donde no den molestia alguna. Estas mujeres son, entre otros grupos, las trabajadoras sexuales, las mujeres maquiladoras (que sirven como carne de cañón en ciudad Juárez y en otras tantas ciudades), las migrantes y las trabajadoras domésticas. Ello sin restar importancia a otra serie de retrocesos conservadores que afectan a la mujer, como las luchas del sector conservador y de las distintas iglesias en relación con los avances que se habían tenido con la despenalización del aborto y, el hecho de que aun con diversas leyes promulgadas en materia de violencia familiar, ésta sigue siendo una auténtica pesadilla que sufre un gran número de mujeres en el mundo, independientemente del régimen social, religioso, cultural y político que les haya tocado vivir.

¿Qué se hace como política de Estado para mejorar la situación de vida de las trabajadoras sexuales? Dadas las peores condiciones de vida que tiene más del 90% de la población en México debido al incremento de precios de los productos básicos -y de todo tipo en general-, del alza de impuestos y la reducción del poder de compra del salario, el menor número de fuentes de empleo y el deterioro de las condiciones de trabajo en general (contrataciones eventuales o por “honorarios” sin seguridad social y sin prestaciones, escasa posibilidad de tener pensiones y jubilaciones dignas, política antisindical plena que impide cualquier lucha para beneficiar a las y los trabajadores) es imprescindible que este sector de la población sea, primeramente visibilizado, no desde la criminalización y penalización de quien lo ejerce, sino atendido en sus necesidades, porque además, a este tipo de trabajo “fijo” para algunas mujeres, cada vez más se suman estudiantes de manera eventual para poder pagar sus estudios, así como mujeres trabajadoras de otros sectores para poder completar el gasto familiar.

Lo mismo podemos preguntarnos por las mujeres que trabajan en las maquilas y las que trabajan en labores domésticas -popular y despectivamente llamadas “sirvientas”-. ¿Hay algún estudio “oficial” que informe cuántas son y cuáles son sus condiciones laborales, de salud y de bienestar?, ¿se conocen las condiciones de explotación en que trabajan?, ¿quién les satisface sus necesidades básicas -vestido, educación, vivienda digna, salud, empleo y salarios dignos?, ¿quién desde el Estado se preocupa y, mejor aún, se ocupa de su problemática? La respuesta es más que clara y sencilla: si las muertas de Juárez siguen sumando desafortunadamente cada vez más casos sin que se haga algo al respecto (o más bien sólo se de la apariencia de hacer algo), mucho menos se están realizando acciones que cambien la situación de estas mujeres.

Recordemos que la muerte es el caso extremo, pero bien podríamos preguntar qué hay de la situación de las mujeres que, afortunadamente no mueren, pero sí sufren enfermedades, explotación y, en términos generales, tienen una pésima calidad y expectativa de vida.
En el caso de las mujeres migrantes que, gracias a las políticas económicas y sociales que tenemos en el país nos tienen con los peores indicadores económicos en el mundo (en 2009 se tuvo la peor caída económica en más de 70 años) y que repercuten en que cada vez más mujeres migren en busca de mejores oportunidades de empleo y mejores salarios, tampoco el Estado mexicano ha dado un mínimo de respuestas, no sólo a las mexicanas que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, sino también a las mujeres centro y sudamericanas que atraviesan por el país -también en busca de llegar a Estados Unidos- pero que a su paso por México viven un verdadero viacrucis que incluye ataques que van desde asaltos, violaciones, golpizas, secuestros, prostitución y, la muerte, no sólo por bandas organizadas o delincuentes aislados, sino también de aquellos que se supone deberían de darles protección, como los policías, marinos y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Cito una canción chilena que dice “bajo el rostro nuevo de cemento, vive el mismo pueblo de hace tiempo… esperando siguen los hambrientos, más justicia y menos monumentos”. Cantémosla y actuémosla. Que cada uno de los 365 días del año, con cada una de sus horas y sus minutos, sean el día internacional de la mujer. Un abrazo para todas las mujeres, incluyendo a las hermanas de Chile, Haití, a las que la absurda “guerra contra el narco” ha atrapado de una u otra manera, trayéndoles solo desgracias, a las madres de las niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC, a las mujeres afectadas por el decreto de extinción del SME… mucha paz y luz en sus almas.

*Investigador del Área Sociedad, Cultura y Salud

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, breve recuento de daños en México

Un año más de una fecha significativa que dura un sólo día, pero que debería de extenderse a lo largo de todos los días del año: la eliminación de la violencia contra la mujer.
Lo rescatable de asignar fechas a determinado acontecimiento, es que al menos, tenemos la oportunidad de reflexionar, sensibilizarnos y, deseablemente, comprometernos en ser parte de la solución de las problemáticas sobre las cuales se quiere llamar la atención, en este caso, la preocupante y lacerante violencia estructural que se ejerce sobre la mujer prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad.
La situación de la mujer en México definitivamente deja mucho que desear. Sólo habría que revisar algunos indicadores de salud, empleo, ingresos, seguridad y, en términos generales, de acceso a bienes, servicios y oportunidades, para ver las grandes desigualdades y condiciones de desventaja de las mujeres respecto a las de los hombres.
De acuerdo a nuestra Constitución Política, el Estado debe de garantizar el bienestar de toda la población. De todas y todos los que conformamos el Estado mexicano, el gobierno es el responsable de promover y vigilar este ordenamiento. Pero, ¿realmente está cumpliendo dicha función? Algunos ejemplos nos pueden dar una pauta para contestar esa pregunta:
¿Cómo explicar que una indígena –Ernestina Ascencio- haya muerto, según dos necropsias efectuadas de manera posterior a su muerte, como resultado de lesiones por una violación tumultuaria y agresiones, aparentemente producidas por miembros del ejército mexicano y que, prematuramente, Felipe Calderón haya señalado que había muerto por una “gastritis crónica mal tratada” y posteriormente José Luis Soberanes (ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos) haya afirmado que había sido por una anemia? Y peor aún, que la propia directora del Instituto Nacional de las Mujeres haya también sostenido que no se había podido “entender bien” lo que Ernestina Ascencio había dicho porque sus últimas palabras fueron en su lengua indígena y no en español.

¿Y qué decir de las mujeres indígenas otomíes —Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan— acusadas de haber secuestrado a seis indefensos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)? Dos de ellas pasaron tres años en la cárcel y una aún sigue en prisión, todas ellas sin haber concluido su proceso judicial.
¿Y respecto a una de las situaciones más trágicas del país que son los feminicidios, que si bien los más documentados son los que suceden en Ciudad Juárez, Chihuahua, también ocurren en todo el país? El jueves 19 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno mexicano por los feminicidios ocurridos en dicha ciudad. Tres de los más de cientos de casos registrados de feminicidios dieron origen a esta sentencia en contra del Estado mexicano.
En otros estados de la república y no obstante que casi no se habla al respecto, diversas organizaciones gubernamentales y activistas sociales cada vez denuncian con mayor frecuencia y preocupación que el número de violaciones y asesinatos de mujeres va en aumento de manera dramática sin que las autoridades de cualquier nivel gubernamental hagan algo al respecto. Esta situación toca un cariz aún más preocupante e indignante —si es que aún puede caber un mayor nivel de indignación—, si se toma en cuenta la situación de las mujeres, tanto del sur del país como centroamericanas, que se atreven a atravesar el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo, así como en búsqueda de sus familiares. Según una entrevista realizada el pasado mes de octubre a Dolores Soto Álvarez, integrante del Consejo Directivo de Amnistía Internacional, las mujeres migrantes que pasan por la frontera sur del país, prácticamente ya tienen incorporado que en algún momento del trayecto van a ser violadas bien sea por los propios traficantes de personas, por maras e inclusive por las propias autoridades de migración o miembros de las diferentes policías mexicanas. De hecho, Dolores Soto sostiene que la gran mayoría de estas mujeres inicia, como parte de sus preparativos de viaje, el uso de métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas cuando llegue el momento de la violación.
¿Y qué tal la situación de impunidad que se vive en el caso de Acteal, en donde en diciembre de 1997 fueron asesinadas de una manera totalmente artera 45 personas, en su gran mayoría mujeres, niños y niñas?¿Y qué decir de la falta de castigo a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a sus respectivos cuerpos de represión policiaca, en lo que toca a las agresiones y violaciones sexuales sufridas por no pocas mujeres en los hechos bien conocidos de San Salvador Atenco?
A este sin fin de agresiones ocurridas fuera del ambiente familiar de la mujer, sucede que tampoco al interior de sus hogares existen plenas posibilidades de no ser agredidas. Según datos de la Dirección de Prevención del Delito y de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, se calcula que en el país, cada 15 minutos es agredida una mujer en su entorno familiar y, según un informe de la Comisión Especial de Feminicidio del Congreso de la Unión, cada seis horas es asesinada una niña o una mujer en México. Por su parte, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una de cada tres familias mexicanas se vive violencia familiar y el 50% de las mujeres en el país ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Otros datos relevantes que aporta la ONU son que México ocupa el octavo lugar mundial en homicidios contra las mujeres y el sexto en violaciones a la mujer.
Información periodística publicada el pasado 16 de noviembre de este año (la Jornada, sección Política, p.13), señala que según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante este sexenio — diciembre de 2006 a octubre de 2009— han acontecido 3,726 feminicidios, 93% de los cuales han sido por violencia familiar y el resto por ejecuciones asociadas al narcotráfico y a la trata de personas.
Como puede verse a la luz de estos pocos ejemplos, el Estado mexicano no ha cumplido en absoluto con su obligación de velar por la integridad y el bienestar de todas las mujeres —así como con los diversos grupos sociales en condición de vulnerabilidad en el país. La inmovilidad no será un factor de cambio para modificar esta situación. Informarse, sensibilizarse, concientizarse y además de preocuparse, ocuparse en promover cambios para resolver este problema social, es un buen y urgente inicio para incidir en la necesaria dignificación de la mujer. El postulado de “cero tolerancia” a cualquier tipo de agresión y discriminación debería de ser un ideal que nos ayude en nuestro caminar hacia la construcción de un mundo mejor.

Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez
Investigador del Área Académica de Sociedad, Cultura y Salud

Operación pandemia

La historia de las cosas

Influenza

La influencia de la influenza

Héctor Javier Sánchez Pérez, Investigador Titular de ECOSUR.

México está pasando por una crisis sanitaria debido al virus de la influenza A H1N1. Múltiples preguntas, dudas e inquietudes asaltan a la población. Por un lado, nos dice el sector salud a través del secretario del ramo, que la epidemia, al 10 de mayo, ha causado ya la muerte de 48 personas de las 1,626 que han resultado positivas a dicho virus en el país, es decir, el 2.95% de fallecidos entre las y los enfermos, lo que en términos epidemiológicos se conoce como “letalidad”. Por otra parte, resultan inquietantes varios aspectos relacionados con esta epidemia:

1. El retraso en la notificación de los primeros casos y no sólo eso, sino la falta de infraestructura en el país para identificar el virus. Aquí habría que tener en cuenta la tendencia al abandono y la falta de recursos que se tiene tanto del sector salud, como de instituciones de educación superior, incluyendo a la UNAM, las cuales no cuentan con laboratorios especializados para este tipo de emergencias —al menos hasta antes de esta epidemia—. En un país del que sus autoridades alardean que pese a la crisis económica vamos “muy bien” y que su principal prioridad es la población, el que no haya al menos un laboratorio para hacer la identificación del virus en cuestión, deja mucho que desear y desnuda la demagogia del grupo gobernante. Además, la epidemia puso en evidencia el error de desmantelar el Instituto Nacional de Virología; la miopía de la Secretaría de Hacienda, por no haber aportado fondos en su momento para la elaboración de vacunas (véase el caso de Birmex); y, que si supuestamente existe un plan de contingencia sanitaria, éste –al igual que muchos otros planes en el país- únicamente existen en papel y pocas veces se ponen en práctica oportunamente.

2. En Los Pinos, lejos de asumir una actitud autocrítica a partir de la cual se haga una evaluación de cuál es realmente la situación del sector salud en cuanto a su capacidad para prevenir, diagnosticar y controlar este tipo de emergencias –así como de otras enfermedades que causan mucho mayor número de muertes que el virus A H1N1, como la tuberculosis, la desnutrición, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, y otras formas de influenza-, se asume una actitud triunfalista y prácticamente nos brindan la idea de que actuaron de manera más que eficiente, y que deberíamos estarles más que agradecidos tanto en el país como en el ámbito mundial, por su “muy atinada” intervención y por habernos salvado. En este sentido, mal hacen en no reconocer que la letalidad del virus A H1N1 ha sido, afortunadamente, mucho más baja de la esperada: de 2.95% como ya se mencionó anteriormente, cuando ha habido otras epidemias por este tipo de virus que han tenido tasas de letalidad mayores a 30%.

3. Si bien se entiende el temor de las autoridades por tratarse de un virus nuevo del que se desconocen muchas cosas, precisamente por ser de reciente aparición, surge la pregunta ¿por qué no se hace algo para que ya no ocurran tantas muertes en el país por algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas? Por ejemplo, hoy en día debería resultar inaceptable que ocurriera al menos una muerte por tuberculosis, o por cáncer cervicouterino, o alguna muerte materna, o que se nos mueran niños o niñas por diarreas, infecciones respiratorias y un largo etcétera. Sin embargo, muchas, muchísimas personas —sobre todo niños, niñas y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y exclusión económica y social— se siguen muriendo en México por ese tipo de causas y, lo peor del asunto es que no se ve una verdadera voluntad política para aliviar esa situación. Muy seguramente usted, o alguno/a de sus familiares habrá experimentado en los servicios de salud institucionales mala calidad en la atención, falta de medicamentos, tiempos de espera hasta de meses para recibir una rehabilitación o para operarse, o simplemente, para que le practiquen alguna prueba de laboratorio o para que le tomen alguna imagen que requiera el empleo de una tomografía computarizada, por citar solo unos ejemplos.

4. Tampoco se aprecia una voluntad para cambiar las condiciones socioeconómicas que hacen que la población mexicana en su gran mayoría padezca enfermedades consideradas de la pobreza. Más bien, parecemos ir en sentido contrario, las tasas de desempleo son cada vez mayores, los pocos trabajos que se generan cada vez son más mal pagados, son de carácter temporal y sin ningún tipo de prestación social, tales como seguro médico y fondos para jubilación. Las y los trabajadores que sí tienen seguridad social, también ven reducido su poder de compra, ven –y padecen- el deterioro de los servicios de salud que les corresponde y, en un futuro muy próximo, verán aún mucho más reducido su ingreso cuando les toque jubilarse ya que, de acuerdo a las reformas efectuadas a las principales instituciones de seguridad social —IMSS e ISSSTE—, en el mejor de los casos a las y los trabajadores les tocará entre un 25-30% de su salario que tenían en activo. En este sentido, resalta la diferencia de trato que da el gobierno al sector empresarial y al trabajador. Mientras los bancos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales, reciben grandes cantidades de recursos a través de “rescates”, fobaproas y devolución o condonación de impuestos, las y los trabajadores reciben “alzas salariales” anuales de 4-5% —cuando los niveles de inflación son mayores— y ni quien se ocupe de las pérdidas de sus fondos de pensión, y mucho menos de sus condiciones de trabajo, tal como lo pueden constatar los mineros y los trabajadores agrícolas, entre otros sectores. Un pueblo, mientras más condiciones desfavorables de vida tenga, más vulnerable será a las enfermedades de carácter infecto-contagioso, como es el caso del virus A H1N1. ¿Qué está haciendo y que hará el gobierno en un futuro cercano para disminuir dicha condición de vulnerabilidad? Con anuncios y propaganda a granel del “Seguro Popular” y de las clínicas del “Preven-IMSS", es seguro que no cambiarán las cosas.

5. El manejo de la información sobre la magnitud y distribución de esta epidemia ha sido más que errónea, sobre todo en los primeros días de la epidemia. ¿Por qué no hubo una caracterización de las y los pacientes que murieron por el virus, sino hasta el viernes 8 de mayo, fecha en que se dieron a conocer tan sólo algunas características de los mismos? Fue muy extraño que los primeros días el mismo número de muertes "confirmadas" —como lo señalaba el propio Dr. Córdoba— por el virus era de 20. Conforme pasaban los días, el número de muertos iba en aumento, hasta llegar a alrededor de 160, pero el número de muertos por este virus “confirmado” seguía siendo de 20, hasta que, en esos días —29 de abril—, disminuyó a siete y, según los últimos informes hoy van 44.

6. ¿Se tienen o no se tienen medicamentos suficientes en el país? Por un lado, Felipe Calderón dice que tiene buenas noticias y que hay medicamentos suficientes para hacer frente a la epidemia y, por otro, Agustín Carstens anuncia que los nuevos créditos otorgados a México, son precisamente para comprar medicamentos. Si es que sí teníamos los antivirales necesarios, ¿entonces para que fue realmente el crédito que el Secretario de Hacienda anunció que iba a ser para la compra de medicamentos?

7. ¿Por qué si en el mundo ya hay 4,694 casos confirmados al 10 de mayo –incluyendo los 1,204 detectados en México—, prácticamente la totalidad de las muertes por este virus ocurren aquí en México —48 de los 53 registrados en todo el mundo en total al 10 de mayo—? El Secretario de Salud mencionó que las y los pacientes llegaban tardíamente. ¿Será? ¿Tardíamente los primeros casos, pero los de días posteriores, con esta "psicosis" que ocasionó que la gente saturara los servicios médicos ante la aparición de los síntomas tan ampliamente difundidos por los medios de comunicación? Por ejemplo, en los últimos días de abril, los servicios médicos del Distrito Federal hablaban de más de 9 mil consultas de pacientes que llegaban con síntomas respiratorios. Entonces, es válido preguntarse, ¿muerte por retraso en la búsqueda de atención o por mala calidad de la atención, incluyendo retrasos, pero en el diagnóstico y atención médica?

Ojalá y la influenza deje una influencia pero no de muertes, ni de aislamiento físico ni social de unos con otros/as, ni nos haga perder la solidaridad —en su más genuino sentido— y tampoco nos haga vernos con desconfianza como potenciales contagiadores/as de unos a otros/as y tampoco nos conduzca a la inmovilidad. Si bien hay que seguirse cuidando con algunas medidas sanitarias recomendadas —sobre todo el lavado de manos, el evitar ir a lugares concurridos y que las personas con síntomas respiratorios usen cubrebocas y se atiendan en los servicios de salud—, esta epidemia debería servirnos para organizarnos como sociedad para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud que todas y todos nosotros tenemos, así como impulsar cambios reales que posibiliten que la mayoría de la población y no sólo unos cuantos, tengan un buen nivel y calidad de vida

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