Un año más de una fecha significativa que dura un sólo día, pero que debería de extenderse a lo largo de todos los días del año: la eliminación de la violencia contra la mujer.
Lo rescatable de asignar fechas a determinado acontecimiento, es que al menos, tenemos la oportunidad de reflexionar, sensibilizarnos y, deseablemente, comprometernos en ser parte de la solución de las problemáticas sobre las cuales se quiere llamar la atención, en este caso, la preocupante y lacerante violencia estructural que se ejerce sobre la mujer prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad.
La situación de la mujer en México definitivamente deja mucho que desear. Sólo habría que revisar algunos indicadores de salud, empleo, ingresos, seguridad y, en términos generales, de acceso a bienes, servicios y oportunidades, para ver las grandes desigualdades y condiciones de desventaja de las mujeres respecto a las de los hombres.
De acuerdo a nuestra Constitución Política, el Estado debe de garantizar el bienestar de toda la población. De todas y todos los que conformamos el Estado mexicano, el gobierno es el responsable de promover y vigilar este ordenamiento. Pero, ¿realmente está cumpliendo dicha función? Algunos ejemplos nos pueden dar una pauta para contestar esa pregunta:
¿Cómo explicar que una indígena –Ernestina Ascencio- haya muerto, según dos necropsias efectuadas de manera posterior a su muerte, como resultado de lesiones por una violación tumultuaria y agresiones, aparentemente producidas por miembros del ejército mexicano y que, prematuramente, Felipe Calderón haya señalado que había muerto por una “gastritis crónica mal tratada” y posteriormente José Luis Soberanes (ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos) haya afirmado que había sido por una anemia? Y peor aún, que la propia directora del Instituto Nacional de las Mujeres haya también sostenido que no se había podido “entender bien” lo que Ernestina Ascencio había dicho porque sus últimas palabras fueron en su lengua indígena y no en español.
¿Y qué decir de las mujeres indígenas otomíes —Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan— acusadas de haber secuestrado a seis indefensos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)? Dos de ellas pasaron tres años en la cárcel y una aún sigue en prisión, todas ellas sin haber concluido su proceso judicial.
¿Y respecto a una de las situaciones más trágicas del país que son los feminicidios, que si bien los más documentados son los que suceden en Ciudad Juárez, Chihuahua, también ocurren en todo el país? El jueves 19 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno mexicano por los feminicidios ocurridos en dicha ciudad. Tres de los más de cientos de casos registrados de feminicidios dieron origen a esta sentencia en contra del Estado mexicano.
En otros estados de la república y no obstante que casi no se habla al respecto, diversas organizaciones gubernamentales y activistas sociales cada vez denuncian con mayor frecuencia y preocupación que el número de violaciones y asesinatos de mujeres va en aumento de manera dramática sin que las autoridades de cualquier nivel gubernamental hagan algo al respecto. Esta situación toca un cariz aún más preocupante e indignante —si es que aún puede caber un mayor nivel de indignación—, si se toma en cuenta la situación de las mujeres, tanto del sur del país como centroamericanas, que se atreven a atravesar el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo, así como en búsqueda de sus familiares. Según una entrevista realizada el pasado mes de octubre a Dolores Soto Álvarez, integrante del Consejo Directivo de Amnistía Internacional, las mujeres migrantes que pasan por la frontera sur del país, prácticamente ya tienen incorporado que en algún momento del trayecto van a ser violadas bien sea por los propios traficantes de personas, por maras e inclusive por las propias autoridades de migración o miembros de las diferentes policías mexicanas. De hecho, Dolores Soto sostiene que la gran mayoría de estas mujeres inicia, como parte de sus preparativos de viaje, el uso de métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas cuando llegue el momento de la violación.
¿Y qué tal la situación de impunidad que se vive en el caso de Acteal, en donde en diciembre de 1997 fueron asesinadas de una manera totalmente artera 45 personas, en su gran mayoría mujeres, niños y niñas?¿Y qué decir de la falta de castigo a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a sus respectivos cuerpos de represión policiaca, en lo que toca a las agresiones y violaciones sexuales sufridas por no pocas mujeres en los hechos bien conocidos de San Salvador Atenco?
A este sin fin de agresiones ocurridas fuera del ambiente familiar de la mujer, sucede que tampoco al interior de sus hogares existen plenas posibilidades de no ser agredidas. Según datos de la Dirección de Prevención del Delito y de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, se calcula que en el país, cada 15 minutos es agredida una mujer en su entorno familiar y, según un informe de la Comisión Especial de Feminicidio del Congreso de la Unión, cada seis horas es asesinada una niña o una mujer en México. Por su parte, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una de cada tres familias mexicanas se vive violencia familiar y el 50% de las mujeres en el país ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Otros datos relevantes que aporta la ONU son que México ocupa el octavo lugar mundial en homicidios contra las mujeres y el sexto en violaciones a la mujer.
Información periodística publicada el pasado 16 de noviembre de este año (la Jornada, sección Política, p.13), señala que según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante este sexenio — diciembre de 2006 a octubre de 2009— han acontecido 3,726 feminicidios, 93% de los cuales han sido por violencia familiar y el resto por ejecuciones asociadas al narcotráfico y a la trata de personas.
Como puede verse a la luz de estos pocos ejemplos, el Estado mexicano no ha cumplido en absoluto con su obligación de velar por la integridad y el bienestar de todas las mujeres —así como con los diversos grupos sociales en condición de vulnerabilidad en el país. La inmovilidad no será un factor de cambio para modificar esta situación. Informarse, sensibilizarse, concientizarse y además de preocuparse, ocuparse en promover cambios para resolver este problema social, es un buen y urgente inicio para incidir en la necesaria dignificación de la mujer. El postulado de “cero tolerancia” a cualquier tipo de agresión y discriminación debería de ser un ideal que nos ayude en nuestro caminar hacia la construcción de un mundo mejor.
Escrito por Héctor Javier Sánchez Pérez
Investigador del Área Académica de Sociedad, Cultura y Salud
martes, 1 de diciembre de 2009
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